Personeros de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional, junto a diarios conservadores, dedicaron en las semanas de noviembre y diciembre declaraciones y amplias notas para referirse al tema de derechos humanos en Cuba. Ignacio Walker y Gutenberg Martínez, ubicados en el ala más conservadora de la DC, llamaron incluso al Partido Comunista “a pronunciarse” sobre ese tema en relación a la isla.

Uno de los conceptos vertidos por los dirigentes democratacristianos y de la derecha, fue el de la “universalidad de los derechos humanos”. A partir de ello, dijeron, la preocupación sobre el asunto no debe quedarse en las fronteras chilenas.

También plantearon que las ideas políticas o ideológicas no deberían entorpecer o acotar posicionamientos en esta materia.

Los medios de prensa conservadores, principalmente El Mercurio y La Tercera completaron más de una decena de notas sobre el asunto de la DC y los derechos humanos en Cuba, colocando énfasis en el caso de una negación de permiso de salida de la hija de Oswaldo Payá, muerto en un accidente de tránsito en un vehículo conducido en Cuba por un ciudadano español, militante del Partido Popular, con antecedentes negativos en su país respecto a multas por mala conducción, y quien en todo momento tuvo la asesoría y protección de la Embajada de España, país que nunca puso reparos por el juicio y que ahora que el referido está condenado, hace gestiones para que cumpla la condena en Madrid.

También los diarios conservadores plantearon la tesis de la universalidad y la preocupación que debe existir por la violación de los derechos humanos en cualquier sitio.

El tema instalado no sólo es interesante, sino de suma importancia por lo que está ocurriendo en América Latina, Europa, Asia y África. En efecto, debería existir una preocupación y posicionamiento por la defensa universal de los derechos humanos y ello, sobre todo si lo promueven, deberían materializarlo los personeros de la DC, RN y los diarios conservadores.

Dramas continentales.

En estos casos parece adecuado ceñirse a datos objetivos y hechos refrendados (lo que incluye a organismos internacionales con responsabilidad en asuntos de derechos humanos), para que no haya sospechas informativas.

Lo concreto es que hay hoy, en América Latina, serias situaciones en materia de derechos humanos que, la verdad, ameritarían pronunciamientos de los políticos chilenos y espacios en los medios, algo que no ocurre ni por casualidad. Hay que ver algunas situaciones.

En Honduras, desde el 2010, fueron asesinados 30 periodistas. Hay, oficialmente, 30 desaparecidos por razones políticas. La asonada golpista en ese país generó cien exiliados. A dirigentes campesinos y sociales se les aplican largas condenas de cárcel bajo la Ley Antiterrorista y Ley de Policía y Convivencia Ciudadana.

En México, de acuerdo a cifras oficiales, este 2012 se llegó a 66 mil muertos por la llamada “guera contra el narcotráfico”, entre los que se cuentan jóvenes victimados por fuerzas policiales y militares; se registró el asesinato de una alcaldesa, varios regidores y de dirigentes sociales y campesinos; 11 periodistas mexicanos fueron ejecutados, en un aumento del 30% de esa trágica cifra. En Chihuahua aparecieron torturadas y ejecutadas cuatro mujeres desaparecidas, en la continuidad de cientos de feminicidios en esa nación. Niños y mujeres tarahumaras fueron expulsados de sus tierras por narcos, ante la apatía de las autoridades y persiste la militarización en zonas de Juntas de Buen Gobierno zapatista en Chiapas. Durante las manifestaciones en protesta por la toma de posesión del nuevo presidente, en medio de serias denuncias de fraude, la policía agredió a cientos de jóvenes: por disparos de balas de goma uno perdió un ojo y otro sufrió daño cerebral con peligro de muerte; 14 estudiantes permanecen detenidos y arriesgan penas de 3 a 5 años, en medio de “proceso irregulares”.

El Parlamento Europeo confirmó que van asesinados en Colombia 3 mil miembros de la organización opositora Unión Patriótica; la Política de Seguridad Democrática dejó un par de miles de ejecutados que incluye los “falsos positivos” (supuestos miembros de la guerrilla) asesinados por militares; 40 parlamentarios fueron procesados por ligas con bandas paramilitares; la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia estima que más de 3.000 personas podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado; la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.622 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado; 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

En los meses de noviembre y diciembre, no hubo una sola referencia de personeros de la DC o RN a esos sucesos, y prácticamente no publicaron nada de aquello los diarios conservadores.

Tampoco hubo declaraciones sobre las denuncias de apaleos, agresiones, golpizas, represión, detenciones arbitrarias, en contra de ciudadanos españoles y griegos en las manifestaciones en contra de “las medidas de austeridad” decretadas por los gobiernos de esos países en severa crisis económica y social.

Chile está dentro del continente. Y por ir sólo a una situación reciente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un largo informe que no fue del todo bueno para el país y para el gobierno. El extenso documento confirmó violaciones y agresiones a estudiantes, ciudadanos, indígenas y periodistas. Se señaló que “denuncias de violencia policial se han repetido en diversos contextos en el país, afectando principalmente a grupos vulnerados, como mujeres, niños, niñas y adolescentes y pueblos indígenas”. Se plantearon situaciones como el “uso desproporcionado de escopetas antidisturbios”.

Junto a eso, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y ciudadanas siguieron protestando por la posibilidad de aplicación de la llamada Ley Hinzpeter, que lleva a apresar y condenar a quienes, manifestándose y estando en huelga, corten calles o realicen actos de protesta pública. También se cuestiona severamente que siga existiendo y se aplique la Ley Antiterrorista dejada por la dictadura.

En los últimos meses continuaron huelgas de hambre de presos indígenas por procesos viciados que incluyen la aplicación de “testigos sin rostro” y ser juzgados por tribunales civiles y militares.

Sobre esas situaciones no hubo pronunciamientos de los personeros de la DC y RN que hablaron continuamente de Cuba. Los medios conservadores prácticamente no dieron cobertura informativa a esos hechos ocurridos dentro del país.

Contradicción de conceptos.

Parece que lo que ocurre es que se suplanta el concepto de universalidad por el de parcialidad.

Se es parcial en materia de derechos humanos. Hay silencios y omisiones imperdonables para quienes dicen defender el precepto de universalidad. Incluidos casos de su propio país.

Se cortan con tijera los casos de graves violaciones a los derechos humanos y se dejan sobre la mesa y en las páginas de sus medios sólo las situaciones que políticamente interesa relevar.

Las cosas pueden llegar al límite de asimilar el lenguaje de los funcionarios de la tiranía cuando culpaban “al comunismo internacional” por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Hoy, personeros de la derecha y diarios como El Mercurio hablan de “la izquierdización” y de la “parcialidad” del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Una sensibilidad universal da como para preocuparse de situaciones que afectan  a miles de ciudadanos hondureños, mexicanos, colombianos. Por lo menos.

Ello no veta que quienes lo deseen, hablen de Cuba. Pero si sólo se remiten a esa nación, que expresen claramente el sentido parcial y político, y no universal y amplio.

En este marco hay otro factor no menor. Que los derechos humanos incluyen el derecho a la información. El que es violado o al menos no cumplido en el caso de los medios conservadores chilenos, tanto escritos como electrónicos.

Porque al revisar notas y despachos se constata la misma situación de las vocerías de la DC y RN: parcialidad, no universalidad.

En dos meses, casi 30 notas informativas en diarios, canales de televisión, noticiarios de radio y portales de la Web sobre situaciones en la isla cubana, además de varios editoriales y columnas de opinión. No más de cinco sobre hechos de derechos humanos en México. Nada de Honduras y de Colombia.

Desde el punto de vista periodístico ¿se puede explicar una veintena de notas sobre el no otorgamiento de un permiso de salida del país a una ciudadana cubana y no publicar absolutamente ninguna nota de ciudadanos hondureños, mexicanos y colombianos ejecutados, desaparecidos, encarcelados, heridos y exiliados? ¿Se está respetando el derecho a la información de chilenas y chilenos en materia de derechos humanos a nivel continental?

Se puede informar de la ciudadana isleña. Y se debe reportar sobre los asesinatos, desapariciones y condenas carcelarias de ciudadanos hondureños, mexicanos y colombianos.

En este marco los personeros de la DC, RN y medios conservadores instalan una falacia. Quien se remita a los hechos objetivos en Cuba, incluso respaldando la información con antecedentes de organismos internacionales y medios de prensa de otras naciones, es tachado de simpatizante o proclive al régimen cubano. Quien pida no hablar sólo de Cuba sino de las tragedias que ocurren en otras naciones, es tratado de parcial…Pareciera que ser “objetivo” es informar sólo recurriendo a un sector de vocerías; las disidentes. Se mete en la cabeza, por ejemplo, que los informes de autoridades cubanas son de por sí, falsos. Cosa que no ocurre con los gobiernos de Honduras, México o Colombia.

También es conveniente hacer el trazado respecto a derechos humanos y derechos civiles que, aunque concatenados, formal e institucionalmente están separados. Las críticas respecto a la debilidad o ausencia de derechos civiles no se deben meter en la materia de derechos humanos, en una mezcla antojadiza y no rigurosa de los formatos establecidos a nivel mundial.

En todo esto hay, por cierto, algo muy peligroso. El usar el tema de derechos humanos como herramienta instrumentalizada para campañas políticas. Porque se hace un daño inmenso a la ciudadanía y al conocimiento y práctica de un tema sensible y serio.

Que la opinión pública empieza a mirar el tema de derechos humanos con prismas de campañas políticas y parcializadas, baja el nivel de sensibilidad, credibilidad y cercanía con esa materia.

Eso se agrava cuando hay dirigentes políticos y medios de prensa que hablan mucho de otro país, y omiten situaciones prevalecientes en el propio.-

 

 

 

 

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