La prensa y los textos eróticos de Ceroni

La intromisión en la vida privada de políticos, empresarios, artistas, deportistas, es algo ya antiguo en la labor de algunos medios de prensa y empresas periodísticas.

Reporteros/ras, fotógrafos/fas y camarógrafos/fas están dedicados a ese tipo de reporteo hace rato.

Esto tiene que ver cuando se da el paso de desechar el concepto de periodismo como bien social, a periodismo como bien comercial o de mercado.

Convertir en noticia la revelación de textos o imágenes íntimas -más aun sexuales- de personas de connotación pública/política es un buen negocio. Reditúa financieramente. Los diarios impresos venden más y los medios en la Web suben las lectorías.

Cierto, esa práctica resulta porque hay clientes/lectores ansiosos de conocer ese tipo de revelaciones. Hasta sirve para que enemigos de los espiados saquen provecho.

Es así que el reporteo de asuntos íntimos, de la vida privada de las personas, de la intromisión en espacios privados, incluye espiar los celulares, interferir conversaciones telefónicas, fotografiar adentro de las casas (sin autorización), meterse en correos electrónicos, buscar imágenes de la intimidad de las personas.

Son modalidades usadas por la llamada “prensa rosa”, “prensa sensacionalista”, “prensa farandulera”, “prensa amarillista”, “prensa roja”, “prensa gossip” (chismosa). Por esta vía se hizo conocido el término de los “paparazzi”, fotógrafos que recurren a todo para tener imágenes de la intimidad de personalidades de distintos ámbitos.

En todo el mundo hay ese tipo de prensa y para algunos el The Sun británico es el mejor ejemplo.

Es parte del periodismo comercial, el que busca ante todo dividendos financieros, que hace negocio, y que apela a sensibilidades o motivaciones básicas/primarias de lectores.

El caso del diputado chileno Guillermo Ceroni se inscribe en ello, aunque quien sabe si la Agencia Uno (empresa a la que pertenece el fotógrafo que tomó las imágenes) y El Dínamo (medio de la Web que las publicó), querían imitar o convertirse en el The Sun chileno o ganar algún galardón de “paparazzi”.

El legislador estaba leyendo/enviando mensajes eróticos o sexuales desde su celular, durante una sesión en la Cámara de Diputados. Le fotografiaron los textos y los publicaron.

Se adujo que era porque estaba sesionando y no debía estar usando su celular para cosas personales. Se quiso convertir la violación de la intimidad en una denuncia política.

Pero muchos replicaron que es hábito de los tiempos que todos los que tienen celular suelen usarlo en las largas jornadas laborales. Incluso para enviar/recibir mensajes amorosos o sexuales. Es muy probable que lo hagan también reporteros/ras y fotógrafos/fas…pero no habrá algún diputado que les fotografíe las imágenes.

El director de The Clinic, Patricio Fernández, contó en un editorial que quienes tenían las imágenes pusieron a disposición “de sus clientes” las fotos. The Clinic lo rechazó porque lo consideró “incorrrecto”. El Dínamo sí lo hizo. La Agencia Uno, al parecer, hizo el negocio finalmente.

Se dieron argumentos de la ética periodística, del código deontológico, de los principios a seguir en la labor reporteril. Pero eso también hace rato que no cuenta para los medios dedicados a la difusión de la vida privada y de las actividades sexuales de personajes públicos.

Frente al momento crítico de un diario mexicano, el periodista Rogelio Flores contó que “platiqué con dos fotógrafos que quieren suicidarse. Ya no quieren vivir en mundo como éste. Ya no quieren relatar ni ser testigos de nada. La barbarie de todos los días se los ha tragado”.

Ningún fotógrafo va a estar al borde del suicidio o cuestionándose la crudeza de su labor si anda fotografiando los textos de celulares de un par de diputados. Es probable que el hecho de Ceroni no le haya quitado el sueño a ningún reportero, editor o fotógrafo.

Los dramas profesionales surgen cuando se fotografía a un niño migrante ahogado en aguas europeas, a una mujer violada y ultimada en una calle de Sarajevo, a un joven masacrado en un campo colombiano, una fosa con los restos de muchachas asesinadas en Ciudad Juárez o a estudiantes chilenos o indígenas mapuches reprimidos.

Claro que el asunto no tiene que ver solo con individualidades. Detrás del reportero/ra o fotógrafo/fa dedicado al sensacionalismo, el amarillismo o la “nota rosa” hay editores, directores y dueños de medios que son los que, finalmente, dan la pauta. Es el andamiaje de una tipo de prensa, de una modalidad de periodismo, que logra desarrollarse en medio de la “lógica del mercado”.

Así que Ceroni y otras/otros parlamentarios van a tener que seguir cuidando las pantallas de sus celulares, sus correos electrónicos, los jardines de sus casas, y sus conversaciones telefónicas.

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Golpes en febrero

Había rumores/percepciones de que la oposición de derecha ocuparía febrero, mes tradicional de descanso y repliegue político, para re/continuar sus ataques al gobierno y particularmente a la Presidenta Michelle Bachelet.

Eso suponía la continuidad de cuestionamientos editoriales de los medios conservadores, estableciendo posturas críticas en cuanto a las políticas de la administración bacheletista.

El 22 de enero se fraguó lo que sería el intento o materialización de un golpe político/comunicacional (más comunicacional en los hechos), cuando un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) hizo un Punto de Prensa para regalar a la Presidenta un pasaje para que visitara la Región de La Araucanía, quejándose que pese a los “hechos de violencia” por el llamado “conflicto mapuche” y otros problemas, ella no había viajado en todo el primer año de su gestión a esa zona.

Se preparaba, en realidad, algo más. Que la primera semana de febrero, cuando la Jefa de Estado estuviera en su casa de descanso en el Lago Caburgua (en esa Región), parlamentarios de derecha junto a representantes del sector empresarial, llegarían en lanchas a la Playa Negra para protestar por la no visita a la Región y criticarle que llegase a ese territorio sólo para vacacionar.

Durante varios días, no pocos medios de comunicación estuvieron pendientes de esta acción, la cual dio para algunas páginas en diarios y portales Web, y minutos en radio y televisión.

En el diario La Tercera se dio amplia cobertura a esta acción opositora, y se publicó una foto de archivo de la AgenciaUno donde aparece la Mandataria caminando en el terreno donde tiene su casa en Caburgua. La misma imagen de la AgenciaUno, fue usada por la gente de derecha para diseñar un volante donde colocan a Bachelet caminando cerca del lago, y al lado una foto de una casa patronal ardiendo producto de un atentado. La intención comunicacional, obvia: La Presidenta descansando, las casas ardiendo. La instalación/pretensión de un contraste en la vida de una zona del país.

Luego vino un editorial de La Tercera saludando como “legítima” la protesta en contra de la Jefa de Estado frente a su casa de vacaciones.

En esos días, destacaron los editoriales de El Mercurio cuestionando la creación de los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Cultura. Un cuestionamiento a dos objetivos claves del gobierno bacheletista.

Otro episodio resaltado desde una óptica conservadora y contra/reformista, estuvo marcado por el envío de la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo por tres causales solamente, que ocupó portadas y páginas de los diarios tradicionales y tiempos de noticiarios de radio y televisión, sobre todo resaltando las posturas de la Universidad Católica, del jefe de la Iglesia católica y de parlamentarios democristianos que se oponen a legislar en esta materia.

El vespertino La Segunda tituló dos días seguidos con posicionamientos del Rector de la Universidad Católica, el matutino El Mercurio publicó una destacada entrevista al Arzobispo de Santiago y La Tercera marcó las diferencias sobre el tema en el seno de la Nueva Mayoría. Las radios y canales de televisión siguieron, durante la primera semana de febrero, prácticamente la misma línea editorial.

Llamó la atención que al día siguiente del anuncio del proyecto de despenalización del aborto en tres causales, prácticamente ningún medio dio cuenta de las declaraciones de la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Claudia Pascual, pese a que ella fue centro de la polémica cuando la iniciativa estaba en desarrollo y esa entidad juega un rol decisivo en la materia.

Sin embargo, el golpe principal para la Presidenta Michelle Bachelet provino de un reportaje en la edición 2287 de la revista Qué Pasa, que en uno de sus titulares de portada se leía: “El millonario negocio inmobiliario de la nuera de Bachelet”.

En las páginas interiores se informa que se trata de un crédito que la sociedad Caval Limitada, de la cual Natalia Compagnon (nuera de la Mandataria) es dueña del 50%, “recibió un crédito por $6.500 millones para comprar tres terrenos en Machalí” que después, de producirse un cambio en el plano regulador de la zona, aumentarían su valor. Y que ese crédito lo dieron altos ejecutivos del Banco de Chile, un día después de que la suegra de Compagnon (Michelle Bachelet) ganara la elección presidencial.

Más tarde, diversos medios publicaron que el hijo de la Jefa de Estado, Sebastián Dávalos, había estado en la reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, además de Natalia, y allí se acordó el préstamo.

En paralelo, en la página Web El Líbero -medio digital financiado y dirigido por personeros de la derecha- se publicó una entrevista a un profesional que demandó a la empresa Caval por no pago de sueldo y comisiones, y que opinó que era extraño que el Banco de Chile le hubiera dado ese crédito a la sociedad Caval, ya que ésta contaba con poco capital y prácticamente ningún respaldo para cubrir la deuda.

Los Ministros del Interior y de Justicia tuvieron que salir al paso, se obligó a Dávalos a hacer una Declaración de Intereses y se armó una polémica que incluyó criterios políticos y éticos sobre el episodio que el medio digital El Mostrador bautizó como “Nueragate”.

Las páginas de medios escritos y espacios de medios electrónicos, paradójica pero no gratuitamente, se llenaron de declaraciones de parlamentarios y dirigentes del oficialismo cuestionando a Dávalos y la situación. No hubo necesidad de recurrir a vocerías de la oposición.

En todo caso, el diputado opositor más activo en febrero, Juan José Edwards (RN), no sólo lideró la acción contra la Presidenta en el lago Caburgua, sino que señaló que el caso de Natalia Compagnon era tres veces más grave que el caso Penta (el escándalo y procesamiento por ilícitos financieros, tributarios y de campañas electorales, donde aparecen vinculados los dueños del consorcio y un grupo de dirigentes de la UDI) y exigió la renuncia de Dávalos al cargo de director del área sociocultural de La Moneda. En realidad, todo indica que Edwards vino a reemplazar las tradicionales y polémicas vocerías de verano del ahora senador Iván Moreira (UDI), quien esta vez guardó silencio y no se metió con la prensa, porque está involucrado seriamente en el caso Penta y presumibles violaciones a las normas de campañas electorales.

Un asunto que no soltó la derecha ni sus medios afines, incluidos además personeros de la Democracia Cristiana, fue el criticar a la administración bacheletista por no pedir la libertad del opositor venezolano Leopoldo López, convirtiendo el tema en conflicto durante febrero.

Uno de los objetivos comunicacionales del sector ya está logrado. Que cuando Michelle Bachelet regrese de vacaciones, tenga que enfrentar estos episodios.

Y es que todo parece indicar que la oposición quiere que marzo parta con situaciones difíciles para el gobierno y la Nueva Mayoría.

No cabe duda que en su primera aparición pública y/o ante los periodistas, se le preguntará qué opina o qué sabe el caso de su nuera y el préstamo del Banco de Chile. También es probable que se le interrogue sobre la protesta que hubo en Caburgua y si finalmente visitará oficialmente la Región de La Araucanía. Y el debate sobre la iniciativa del embarazo le será señalado, ya que la polémica se armó cuando la Mandataria partía de vacaciones.

Quizá las/los asesores comunicacionales decidan que la Presidenta otorgue una entrevista a algún medio para abordar todos esos temas y así superar la situación político/comunicacional y no tener que referirse más de una vez a ello, o simplemente se preparen las respuestas para un primer Punto de Prensa.

Lo que parece inevitable es que la Jefa de Estado hable de esos asuntos porque, en definitiva, no tendría problemas en hacerlo.

También hay todo un tema comunicacional a fines de febrero, cuando ya prácticamente nadie en el gobierno ni en la Nueva Mayoría siga de vacaciones, por el anunciado encuentro mundial organizado por ONU/Mujer y entidades gubernamentales chilenas, donde se espera que parlamentarias de derecha, algunos diputados de la Democracia Cristiana, organismos católicos y medios de prensa, quieran colocar el tema del aborto y posibles polémicas y anecdotarios en torno de la actividad.

No parece gratuito, además, que desde cargos directivos de la derecha se haya insistido en que a inicios de marzo se lanzará formalmente el nuevo referente unitario de la oposición y que se efectuaría un cónclave, lo que comunicacionalmente podría ayudar a desviar la mirada de situaciones de alto conflicto en el sector, como el caso Penta, las pugnas internas (Manuel José Ossandón versus Sebastián Piñera, peticiones intra/UDI de que renuncie la directiva del partido, etc.) y el balance altamente negativo en que coincidieron casi todos los analistas en el último tiempo sobre la situación de las colectividades derechistas.

En efecto, no hay hechos que demuestren que haya cambiado el escenario para la oposición de derecha. Por ello, la disputa de prioridades en la agenda político/nacional parece favorecer objetivamente al oficialismo, aunque en lo que va de febrero la derecha logró remover el tapete.-

Allamand y el Qué Hacer

Antes de partir a su nuevo trabajo en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en 1997, Andrés Allamand invitó a cenar a un grupo de periodistas que durante años cubría el sector político de la derecha.

La cita fue en el Club de la Unión. Allamand venía de una dura y triste derrota, provocada por la Unión Demócrata Independiente (UDI), su eterna adversaria en el sector. El ex alcalde de Santiago, nombrado por Augusto Pinochet, Carlos Bombal, le había ganado  al dirigente de Renovación Nacional (RN) en la elección a senador por Santiago Oriente.

Así que esa noche, en esa cena, Andrés Allamand se despedía de esos periodistas, ya confirmado su traslado a la capital de Estados Unidos.

Ese grupo de profesionales de la prensa había cubierto otro momento lastimoso para quien fuera el presidente de RN. El congreso del partido en Temuco, donde Allamand esbozaba una línea política “liberal” y “progresista” buscando instalar “una derecha moderna y democrática”. En ese esfuerzo lo acompañaban Sebastián Piñera y Alberto Espina, entre otros. Pero les salió al paso el sector duro, conservador y poderoso, en ese entonces, dentro de RN, liderados por Sergio Onofre Jarpa y Alberto Cardemil, ambos ex altos funcionarios de Pinochet. Las cosas no salieron bien para los “liberales”.

En esos tiempos, además, la UDI logró avanzar en sus posiciones y le robó el primer lugar electoral a RN a nivel nacional y hegemonizó a la derecha en el Parlamento.

No en vano un tiempo después de aquel 1997, Allamand escribiría un libro con su historial -y su mirada- político, colocándole el sugerente título de Travesía por el Desierto.

Camino a esa cena, tuve la idea de hacerle un obsequio a Andrés Allamand. Pensé en algo que fuese una mezcla de humor (si se quiere) e ironía política. Así que llegué al Club de la Unión llevando bajo el brazo y envuelto en papel de regalo, el libro Qué Hacer de Vladimir Ilich Lenin. Texto clave para definiciones de estrategia de un partido político.

Después de ingerir una grata comida, se lo entregué. Al abrirlo, sonrío. Los demás rieron. Le dije que quizá le serviría en sus futuras gestiones políticas…aunque quizá le hubiera servido más leerlo antes de Temuco y antes de la elección contra Bombal.

(Por cierto, en esa misma cena le llevé un regalo para su entonces esposa, Bárbara Lyon. Una figura de Fidel Castro. Porque ella, hasta donde se sabe, tiene una inmensa gratitud con Cuba y tuvo cierta amistad con el líder cubano, porque en la isla su hijo Juan Andrés recibió un intenso y profesional tratamiento médico, lo que incluyó un inmenso respaldo humano).

Quien sabe si Allamand leyó el Qué Hacer. Me crucé con él en Ciudad de México, en el Hotel Camino Real, en una visita que hizo el ex Presidente Ricardo Lagos a esa nación. No recuerdo si comentamos lo del libro.

El tema es que si lo leyó, pasados los años, no le serviría para defender las ideas progresistas y de “una derecha democrática”. Le podría haber servido para hacer todo lo contrario.

Porque luego los pasos de Andrés Allamand se fueron por consolidar tesis conservadoras y erigirse ante quienes querían -entendiéndolo dentro del contexto de la derecha- enarbolar idearios de cambios doctrinarios.

Allamand ya no es recordado por liderar una derecha liberal.

Más bien por su férrea oposición al progresismo, el centro y la izquierda, sintetizada en su tesis del “desalojo” desarrollada contra la Concertación y su anticomunismo explícito. Su participación en operaciones encubiertas de distinto tono, como la que hizo con su aliado de siempre, el ultraderechista ex Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en contra de ciudadanos chilenos, aquella para lograr ser designado “a dedo” como candidato a senador en una circunscripción del sur de Chile, la mala jugada que le hizo al entonces senador de la UDI, Pablo Longueira, al querer atribuirse para sí sólo un proyecto legislativo laboral que habían elaborado juntos, y haber sacado a una de sus más leales colaboradoras de una candidatura senatorial (otra más), para colocarse él.

Fue Ministro de Defensa de Piñera, gestando una alianza conservadora con los altos mandos castrenses. Dejó el cargo para lanzarse a la batalla por la candidatura presidencial, donde más que acentuar propuestas, se dedicó a lanzar dardos contra Michelle Bachelet y la participación del Partido Comunista en el conglomerado Nueva Mayoría. Pero de nueva cuenta se le cruzó en el camino la UDI y los ultraconservadores: las primarias presidenciales las ganó Longueira, a quien Allamand había engañado y encarado muchas veces en la mutua historia política (dicen que él lo bautizó como “Pungueira” -de “punga”, delincuente- cuando se dividió el partido original que los cobijó y se instalaron la UDI y RN).

Sin embargo, ya el abogado estaba en una guerra por sí mismo en que nadie lo pararía. Sin avisarle, es decir, tener una conversación previa, sacó abruptamente de la candidatura senatorial a su estrecha colaboradora Catalina Parot y se puso él en su lugar (ella se enteró por la prensa).

Hay que decir, en un paréntesis que da cuenta del estilo del senador electo, que él le había pedido a Parot que dejara el cargo de Ministra de Bienes Nacionales para que lo apoyara. Ella contó en el diario La Segunda que le indicó a su dirigente y al presidente de RN, Carlos Larraín, que prefería seguir en el gabinete porque estaba contenta con la labor que desarrollaba. Pero le dijeron que no. Y después, pasó lo que pasó.

Las cosas no pararían. Para afianzar su posición conservadora y queriendo ser líder de una derecha tradicional, arremetió contra quienes levantaron la opción más abierta. Lo primero que hizo fue responsabilizar a Sebastián Piñera de la derrota electoral de la derecha en la presidencial y la parlamentaria. Después, se fue en contra de quienes en RN y en otros segmentos de la derecha plantearon adherir a postulados más flexibles, romper la atadura con Pinochet, sumarse a ciertas reformas y dar cuenta de que “el país cambió”.

La guinda de la torta es el rumor de que Andrés Allamand además de ser senador, ahora querría instalarse como presidente de su partido. Desde ahí enfrentaría a su tradicional adversaria, la UDI, y a los nuevos díscolos, agrupados en Evopoli y Amplitud, por cierto, creados a partir de ex RN renunciados por, entre otras cosas, no compartir las posiciones y los métodos de Allamand.

Además, se sabe que está elaborando toda una fórmula para convertirse en duro fiscalizador y opositor del gobierno de Michelle Bachelet pero, sobre todo, denostar y atacar sin piedad a la Nueva Mayoría, instalando la idea de que está hegemonizada por el Partido Comunista y “la izquierda”, buscando con eso atraer a su redil a la Democracia Cristiana y supuestamente debilitar a la futura administración.

Su último round, y seguramente no el último, fue con uno de los dirigentes que él mismo creó: Nicolás Monckeberg, agarrados en un patio del lugar de reunión de su partido, discutiendo acaloradamente por las críticas del senador electo a Piñera y su gobierno.

De esta forma, Andrés Allamand ha logrado algo indesmentible: estar en primera línea de la política nacional. Llevando sobre su espalda una travesía que no termina, con sus quehaceres propios que de nueva cuenta estarán sobre el escenario.-

 

 

Los niños sicarios que decapitan

Entre 2012 y 2013 sólo el Ejército Mexicano detuvo a 473 menores de edad, 61 de ellos muchachas, por formar parte de bandas del narcotráfico y del crimen organizado. Son los “niños sicarios”, capaces de matar con arma de fuego o cortante, decapitar, realizar trasvasije de drogas y dinero del narco, consumir drogas y muchas niñas y adolescentes convertirse en esclavas sexuales.

De acuerdo a información de la Red de Derechos de la Infancia de México, el promedio de edad de los “niños sicarios” es de 13 años y la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de ese país reveló que hay 30 mil menores de edad dedicados al tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, contrabando, piratería y asesinatos. Los muchachos, de acuerdo a informes de entidades públicas y privadas, pueden ganar entre mil y tres mil dólares mensuales, aunque algunos reciben esas cantidades al cometer uno o varios crímenes. Se tienen informaciones de que se les paga entre 150 y 200 dólares a la semana por recopilar información de desplazamiento de la policía y el Ejército y entregar datos de bandas o grupos rivales.

Es una de las realidades impuestas por la expansión de los Cárteles del Narcotráfico, bandas del Crimen Organizado (que entre otras actividades practican el secuestro) y grupos de contrabandistas (en México existe una extendida red de contrabando de autos robados, por ejemplo).

Los miles de niñas y niños involucrados en estas redes criminales son originarios de provincias (estados) pobres de México, de zonas rurales, pertenecen a las familias que integran más del 80% de pobres de esa nación de 110 millones de habitantes y muchos viven la violencia intrafamiliar, el abandono e incluso son huérfanos.

Los narcos y jefes de bandas les ofrecen dinero que les permite a los menores de edad ayudar a sus familias o simplemente huir del hogar y del lugar de residencia e iniciar otra vida. Un factor que influye es que según las leyes mexicanas, un menor de edad no puede ser condenado a más de tres años de cárcel.

Un informe de Infancia en Movimiento indicó que en los últimos años creció en un 34% la detención de menores de edad por delitos graves y que el 70% de arrestos tuvieron que ver con homicidios, secuestros, torturas, tráfico de drogas, robo y lesiones graves.

Las cosas llegan a tal punto que a nivel nacional e internacional ya son famosos comunicacionalmente El Ponchis, Gloria, Erick, El Cris, Las Chavelas, por sus acciones criminales, como decapitar, su liderazgo entre muchachos captados por el narco y sus capacidades de reclutamiento.

Esta última semana de noviembre del 2013, saltó a la prensa uno de los casos más dramáticos de los “niños sicarios”. Fue liberado El Ponchis, detenido en diciembre 2010 cuando tenía 14 años, acusado de decapitar y colgar a cuatro hombres, condenado por homicidio calificado, delincuencia organizada y posesión de drogas. En ello se incluye el provocar serias lesiones a personas que atacó con armas de fuego y cortantes. El prontuario reservado quizá para un hombre adulto con experiencia en la ejecución de delitos. Pero El Ponchis tenía 14 años.

Acorde con las leyes mexicanas, este muchacho, Edgar N., pudo ser condenado sólo a tres años de prisión. Ahora salió de la cárcel habiendo cumplido esa condena. Parte del drama singular, es que El Ponchis fue enviado a Estados Unidos, porque nació en ese país y allí tiene a sus familiares más cercanos. A estas alturas el joven debe estar en manos de personal especializado del Outcry in the Barrio, entidad que atiende a menores en situaciones como las de El Ponchi.

Sus hermanas, por cierto, siguieron el mismo camino porque en los tiempos que El Ponchi delinquía, tenía fuertes contactos con jefes y lugartenientes de narcos y grupos del Crimen Organizado. Ellas habrían sido “servidoras sexuales” de criminales y llegaron a efectuar operaciones delictivas. Informes de prensa relatan que Isabel, una de las hermanas, fue novia de Jesús Radilla, “El Negro”, líder de los sicarios del Cártel del Pacífico Sur.

Si es impredecible el futuro de El Ponchis allá en Estados Unidos, más lo es el futuro de miles de niñas y niños, adolescentes, que siguen siendo parte de los Cárteles del Narco, del Crimen Organizado y de acciones criminales de connotada crueldad.-

 

 

Las instituciones no funcionan.

La manida frase del ex presidente socialdemócrata Ricardo Lagos, “las instituciones funcionan”, entró en crisis en Chile. En un camino que puede llevar a plantear que el país comienza a caminar hacia un Estado semi/fallido. Porque se está desbarrancando la idea de que esta sociedad funciona a la perfección y se desmorona la frase propagandística de que “Chile es un ejemplo para el mundo”, soportada en base a la desinformación y un chovinismo complaciente.

Para algunos analistas y académicos se trata de la “desinstitucionalización”, el asomo de “la ingobernabilidad”, “el desgaste institucional”, “la crisis del sistema institucional” o lo que el periodista Paul Walder definió como “el colapso de la institucionalidad neoliberal”.

Agregando el factor subjetivo que tiene que ver con funcionarios públicos corruptos, cooptados al servicio de un partido político, incapaces e inexpertos, personeros tramposos y mentirosos, metodologías fallidas o equívocas y acciones de dolo y la intromisión abusiva de gerentes empresariales y especuladores en el aparato estatal.

El listado de episodios escandalosos y negativos de instituciones del Estado es contundente, a lo que se agregan muchos casos del sector privado y empresarial en situaciones que tienen que ver con engaño y fraude a millones de ciudadanas y ciudadanos, violación de la ley y cero respeto a conceptos como “la responsabilidad social” del empresariado.

El director de Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, apareció ligado a una absolución tributaria de 59 mil millones de pesos a favor de la empresa Johnson & Johnson, al igual que altos funcionarios de ese organismo estatal que debe velar porque se paguen los impuestos y se apliquen las sanciones financieras a quienes incurran en faltas tributarias. Esto llevó a una denuncia ante la Contraloría General de la República y se creó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Este caso sigue en un área gris.

Impacto nacional causó la información de prensa que reveló que los datos del Censo 2012, a cargo del hasta ahora prestigiado Instituto Nacional de Estadística (INE), son errados, y que ese proceso se hizo en medio de irregularidades, manipulaciones y por tanto los datos están alterados. El director del INE, Francisco Labbé, debió renunciar. Esto tiene un efecto demoledor -cuantificación de habitantes del país y sus datos socioeconómicos- en ámbitos como planes de beneficio social para sectores pobres e incluye la posibilidad de alteración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que afecta los reajustes salariales de los trabajadores chilenos. Es decir, falló el organismo estatal responsable de las estadísticas del país.

Cuando todavía no terminaba el efecto del caso INE, el Servicio Electoral (SERVEL) volvió a hacer noticia por situaciones anómalas o confusas. El periodista Fernando Paulsen revisó datos del SERVEL a través de la Ley de Transparencia, y le apareció que el candidato presidencial derechista, ex colaborador de la dictadura, Pablo Longueira, se habría inscrito en el Registro Electoral en 1989, y por lo tanto no habría votado en el plebiscito de 1988 (por el Sí o el No a la dictadura). Después el SERVEL sacó un documento donde se acreditó que Longueira estaba inscrito desde 1987…Paulsen tuvo que excusarse. Pero a las horas aparecieron personeros políticos, como el candidato presidencial del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), José Antonio Gómez y la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, indicando que había errores en sus inscripciones electorales. A los pocos días se informó que en el Registro Electoral aparecen con derecho a voto alrededor de 560 mil personas fallecidas. Y la pelota le saltó al Registro Civil, otro organismo estatal. Como si fuera poco, el presidente del Consejo Directivo del SERVEL, Juan Emilio Cheyre, declaró que “nadie nos puede decir cuántos muertos hay” en los registros de electores y se metió en otro lío al asegurar que marcar el voto con las letras AC (Asamblea Constituyente, una demanda de organizaciones de la sociedad civil) anulaba el sufragio, lo que fue desmentido por el gobierno y por el propio SERVEL que dirige Cheyre. Hay que agregar que este personero fue ex comandante en jefe del Ejército, lo que generó críticas de parlamentarios, académicos y expertos electorales por tener a un antiguo jefe militar a cargo de las elecciones en Chile, y de organismos de derechos humanos porque Cheyre apareció ligado a procesos por violaciones a esos derechos durante la dictadura.

Un suceso que golpeó la institucionalidad tuvo que ver con la abrupta renuncia a su candidatura presidencial del financista y ex ministro de Piñera, el derechista Laurence Golborne, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), porque él era gerente general del consorcio Cencosud cuando éste aumentó unilateralmente las comisiones a pagar por los clientes de tarjetas del supermercado Jumbo, lo que derivó en una condena de la Corte Suprema en contra de la empresa. Y a los pocos días, se supo que el presidenciable de la UDI no había declarado que tiene inversiones en las Islas Vírgenes para evitar pagar impuestos en Chile.

Por cierto, esto deja una estela de incertidumbre en cuanto a si no habrá otras u otros candidatos, dirigentes de partidos, parlamentarios, ministros, etc., con cuentas bancarias en el extranjero o inversiones en paraísos fiscales. ¿O sólo es Golborne el que las tiene?

En medio de todo, salió un fallo del Decimocuarto Juzgado Civil de Santiago, donde se condenó al BancoEstado (entidad pública, con importante participación estatal) a pagar una indemnización a medio millón de personas que tenían libretas de ahorro en esa entidad, por cobro de comisiones indebidas desde el 2003, cuando a cargo del organismo estaba el dirigente del Partido Socialista y del club deportivo Universidad Católica, Jaime Estévez.

Desde atrás vienen otros casos como los cuestionamientos a las metodologías de la Encuesta Casen que determina la cantidad de pobres en el país, sacando de ese grupo de personas a quienes perciben más de 200 dólares al mes (un despropósito); las fallas del Consejo Superior de Acreditación de universidades donde se comprobaron actos irregulares y que llevó a un cambio de su dirección; casos de corrupción en compra de aviones por parte de la Fuerza Aérea de Chile, la salida del General Director de Carabineros por caso de corrupción donde apareció vinculado uno de sus hijos; la destitución del Ministro de Educación por no fiscalizar el lucro en las universidades, etc.

A todo eso hay que agregar los casos del sector privado, especulativo/financiero y empresarial: colusión de farmacias para afectar con los precios a los ciudadanos; varias universidades que violaron la ley al practicar el lucro; fraude de la empresa La Polar a millones de personas, la mayoría de escasos recursos; pésima gestión de las empresas del Transantiago; malos servicios y afectaciones a usuarios de entidades privadas como Banco Santander, telefónica Movistar, Aguas Andinas, etc.

Las cosas andan a tal nivel, que en medio de todo, el mismísimo Presidente de la República, Sebastián Piñera (la máxima autoridad del Estado), confesó en una entrevista radial que “me dan como caja todo el santo día”…

A nivel de administración, lo que ya cayó entre el olvido y el desecho fue la promesa de Piñera de ejercer “un gobierno de excelencia”, copado de sucesos negativos y oscuros.

La Cámara de Diputados lleva conformadas varias comisiones investigadoras para ver los casos de irregularidades en entidades del Estado.

Parece obvio que “las cosas no se están haciendo bien” y no van por buen camino en lo que debe ser el funcionamiento profesional, ético, transparente, eficaz y de real servicio público por parte de las entidades del Estado. Esto se profundizó, como lo demuestran los hechos, durante la gestión del gobierno de derecha.

Paralelamente, el sector privado y empresarial acumula casos de tremendo impacto y daño al país y a millones de ciudadanas y ciudadanos, lo que puede llevar a señalar que no están funcionando ni las instituciones públicas ni las privadas. Y que muchas características que se han querido destacar a la institucionalidad chilena, están entrando en el rango de crisis y de mitos.-

 

 

 

 

 

Relevos en Cuba.

El aviso de Raúl Castro Ruz de que no seguirá en la presidencia de Cuba cumplido este periodo de cinco años (2013-2018), no fue la única información respecto a cambios en el aparato estatal y legislativo de la isla caribeña.

En lo que viene siendo una tónica de la última década, el domingo 24 de febrero se supo que el Primer Vicepresidente del Consejo de Estado, José Ramón Machado Ventura, “Machadito”, decidió no seguir en ese puesto y también el general Abelardo Colomé Ibarra, “Furry”, renunció a la continuidad en una Vicepresidencia, abriendo aun más los espacios a nuevas generaciones de dirigentes. Ambos, por cierto, son de los llamados “históricos” dentro de la jerarquía isleña, pelearon en la guerrilla (los dos fueron heridos) y ocuparon sensibles cargos en el gobierno y en el Partido Comunista de Cuba.

Más allá de los personajes, se supo que el Parlamento cubano (Asamblea Nacional del Poder Popular) fue renovado en un 67.26%, considerada una cifra altísima y que contrasta, por ejemplo, con el escaso cambio de miembros del Congreso chileno, donde el porcentaje más alto es el de los que se reeligen una y otra vez, llegando varias y varios a estar 20 años de parlamentarios; incluso unos dejan de ser diputados y pasan a ser senadores en una magistral repetición del plato.

El promedio de edad  en el Poder Legislativo cubano es de 48 años y casi el 49 por ciento está conformado por mujeres. También un dato que contrasta con la realidad de varios Congresos latinoamericanos donde las edades promedio son más altas y las mujeres apenas superan el 10 o el 15 por ciento de representatividad.

El Consejo de Estado, que es la instancia estatal más importante en Cuba, tuvo también una considerable renovación (54%), situando en 57 años el promedio de edad de sus integrantes.

De hecho, como nuevo Primer Vicepresidente, algo así como “el segundo hombre” en el mando gubernamental, fue elegido Miguel Díaz-Canel, que tiene 52 años de edad.

Esteban Lazo obtuvo mediante elección la presidencia del Parlamento isleño, después que el histórico y conocido dirigente y académico Ricardo Alarcón, dejara también su puesto en el Legislativo.

Dos mujeres pasaron a ocupar Vicepresidencias de Cuba: Mercedes López Acea, de profesión ingeniera forestal y Gladys Begerano Portela, licenciada en Ciencias Sociales y Contralora de la República.

La líder de la Unión de Jóvenes Comunistas, Yuniasky Crespo, también es integrante del Consejo de Estado.

Respecto a los cambios en los mandos cubanos, Raúl Castro lo refirió como algo normal y parte de “la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos, proceso que debemos concretar en un quinquenio y actuar en lo adelante de manera intencionada y previsora, a fin de  evitar que se nos repita la situación de no contar oportunamente con suficientes reservas de cuadros preparados para ocupar los puestos superiores del país y asegurar que el relevo de los dirigentes constituya un proceso natural y sistemático”.

En ese contexto, el jefe de Estado cubano manifestó que “la mayor satisfacción es la tranquilidad y serena confianza que sentimos al ir entregando a las nuevas generaciones la responsabilidad de continuar construyendo el socialismo y con ello asegurar la independencia y la soberanía nacional”.

Raúl Castro explicó que “entre las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentra la de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno y establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades”. Y sobre él mismo expresó: “Deseo esclarecer que en mi caso, con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será el último mandato”.

Las salidas de dirigentes históricos y el anuncio del actual jefe de Estado de que su mandato tiene un límite preciso, abrió definitivamente el relevo generacional, político y orgánico dentro de la Revolución Cubana. Ya es claro que dentro de cinco años, los más altos cargos del país, incluido el de presidente del Consejo de Estado y de Ministros, estarán en manos de personeros nuevos y se terminará el que pudiera ser el ciclo fundacional e histórico de la jerarquía isleña.-

 

 

Ex jefe del Ejército convertido en jefe del Servicio Electoral.

Es posible que afecte la sanidad de la institucionalidad chilena. En la penúltima semana de febrero (2013), un ex jefe del Ejército se convirtió en jefe del Servicio Electoral (SERVEL) del país.

Juan Emilio Cheyre, ex Comandante en Jefe del Ejército, que hizo su carrera bajo el mando de Augusto Pinochet, que emitió duras críticas contra la ex presidenta Michelle Bachelet, señalado en causas de derechos humanos, a cargo de la rama militar cuando murieron varios jóvenes conscriptos por el desatino de mando en Antuco, cuyos escritos y entrevistas muestran su perfil conservador e inclinado a las posturas de la derecha política, es ahora Director del SERVEL que, entre otras cosas, debe garantizar neutralidad, equidad y transparencia técnica y política a toda la población y todos los sectores políticos.

Prueba de su ubicación doctrinaria es que los integrantes conservadores del Consejo del SERVEL votaron por él, pero hubo dos votos en contra de parte de miembros de perfil progresista.

Es la consagración de la llegada de ex jefes militares y de carabineros (en tiempos recientes) a la vida política nacional y a cargos de corte político. Casi en un cien por ciento de los casos, asociados con los partidos derechistas Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). El mejor y más reciente ejemplo: el subsecretario de Defensa nombrado por el derechista presidente Sebastián Piñera, Oscar Izurieta, fue Comandante en Jefe del Ejército y recibió, precisamente de manos de Cheyre, el bastón de mando. Una decena de ex jefes del Ejército, la Armada y Carabineros fueron senadores designados o parlamentarios electos, representando a RN, la UDI o como derechistas sin partido.

Esa situación no dejó nunca de molestar a un sector de la sociedad que vio la situación como algo insano para el sistema democrático, sobre todo porque una inmensa mayoría de esos antiguos uniformados fueron parte de la dictadura y leales a Pinochet.

Cheyre, al poco tiempo de dejar su sensible y alto cargo, fundó en la Universidad Católica (los reportes informativos indican que de ahí salen los cuadros gubernamentales de la derecha) el Centro de Estudios Internacionales, puesto en el cual pudo hacer ostentación y utilización de conocimientos e información obtenida en el cargo de Comandante en Jefe del Ejército.

Desde esa posición y recordándose que fue el máximo jerarca de los militares, Juan Emilio Cheyre se convirtió en analista político e internacional a través de artículos y largas entrevistas en diversidad de medios de prensa.

Es un caso elocuente de un ex jefe del Ejército haciendo carrera política y comunicacional.

Es cierto que en el origen de este episodio se encuentra un factor no menor. El Senado elige a los miembros del Consejo del SERVEL y, como en el caso de otras instancias del Estado, designa de acuerdo a un criterio de cuoteo político/ideológico, sin dejar de considerar elementos académicos y profesionales de los designados. Pero el cuoteo político se produce de hecho, como en el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia.

La elección al interior de ese Consejo del ex jefe del Ejército no pasó desapercibida para sectores significativos de la sociedad.

Una nota de Gabriel Angulo publicada en el Portal El Mostrador, dio cuenta de algunas reacciones contingentes en Twitter que se enmarcan en estas consideraciones. El periodista Mauricio Weibel indicó que la “designación del general Cheyre, acusado de torturas, como presidente del Servel es una ofensa a nuestras víctimas. Una falta de sentido ético”. El ex oficial, siendo Capitán del Ejército, fue denunciado como participante de la “Caravana de la Muerte”, aunque judicialmente todo quedó descartado. El director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, escribió: “No sean malos con Cheyre. Como un amigo me dijo, tiene experiencia en elecciones: escogió a su sucesor en el Ejército”. La directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández advirtió que un “ex militar sin competencias probadas en organización y comportamiento electoral presida Consejo del Servel es ¡preocupante y para reflexionar!” y añadió: “¡que alguien me diga si organismos similares a consejo Servel en países OCDE están integrados por ex militares!”.

Luis Casado publicó un artículo en elclarín.cl donde señaló: “Para remplazarle (al ex Director del SERVEL) se ha designado, sin los bombos y platillos que acompañan los desfiles militares, al general (R) Juan Emilio Cheyre. No es injuriar al Señor general el señalar que a lo largo de su carrera no debe haber practicado mucho la democracia. En la formación de los oficiales hay dos valores esenciales: la obediencia y el don de mando. En este caso… ¿Cuál es peor? De Cheyre se dice que es un hombre inteligente y yo estoy dispuesto a creerlo, a pesar de que Henri Jeanson aseguraba que si los generales son idiotas es porque los reclutan entre los coroneles. Pero me viene una duda… ¿Qué vino a hacer un hombre inteligente en esa galera? Cuando toda la ciudadanía cobra consciencia de vivir en un simulacro de democracia, ¿Qué puede aportar un hombre que viene de las antípodas de la práctica democrática? ¿Cheyre desea obedecer o mandar? ¿Tiene agenda propia? ¿A quién le da garantías en el marco de una institucionalidad ilegítima y perversa? ¿A qué juegan quienes le nombraron?”.

En tanto, la periodista Paula Correa, en Radio Universidad de Chile, emitió una nota sobre el tema donde Cristián Cruz, abogado defensor víctimas de violaciones a los derechos humanos indicó que “el señor Cheyre ha declarado como inculpado en la causa por la Caravana de la Muerte, es absolutamente impresentable que un individuo de esas características esté supervisando nuestra democracia. Como ciudadano y abogado de DD.HH. me parece repudiable y reprochable”. El jurista añadió que Cheyre “todavía tiene un par de procesos abiertos” y que si bien “la investigación tiene que seguir avanzando, el Tribunal le ha tomado declaración en calidad de inculpado en más de una ocasión”. Afirmó que está absolutamente claro el rol de los militares en una administración de derecha: “Lamentablemente aún nuestros organismos castrenses están comprometidos ideológicamente con una visión que no respeta del todo a los DD.HH.”, afirmó.

En la información de Radio Universidad de Chile se añadió que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, dijo que “él fue parte del Ejército que violó sistemáticamente los DD.HH. en Chile y tiene la responsabilidad política en la muerte de los 45 conscriptos que murieron de frío en Antuco, por no haberlo previsto como correspondía. Eso demuestra su calidad moral, porque ética y políticamente él debió renunciar ante la tragedia que significó y cínicamente rindió homenajes, pero hasta aquí nunca se preocuparon de sus familiares”.

Paula Correa señaló en su despacho que “de esta manera, Cheyre genera fuertes desconfianzas a cargo de la institución supervisora de los procesos democráticos, no sólo en los actores ciudadanos, sino también entre especialistas electorales”.

Se agregó la declaración de la cientista política y directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández, quien expresó: “Me parece que esto revela un cúmulo de desaciertos por parte del Gobierno, pero también del Senado, que ratificó esto a fines de enero. En un contexto de calidad de la democracia donde hay tantas sospechas instaladas, donde las principales instituciones son objeto de tanto descrédito ciudadano, no podemos ponerle más pelos a la sopa. Hay que ser un poco más cuidadoso en cómo se van instalando estas nuevas instituciones y quiénes van conformando sus entes decisores”. La especialista añadió que la nominación del Consejo se realizó  “entre gallos y medianoche” y que, además de la figura de Cheyre, hay otros elementos preocupantes, como que sus miembros sean todos hombres, marcando un elemento de disparidad de género. Además, consideró que los integrantes de la instancia no cuentan con conocimientos específicos en temas electorales, lo que es sumamente complejo cuando estamos a las puertas de un año “hiperelectoral”, marcado por primarias y elecciones presidenciales.

En las redes sociales circularon notas de varios medios y periodistas en relación a la trayectoria de este militar, que incluyen hechos que muestran su cercanía y aprecio a Augusto Pinochet y el proceso en torno a la “Caravana de la Muerte” donde él apareció involucrado.

En la situación actual, cuando menos se abre la posibilidad de la reflexión y la duda ante la confiabilidad institucional que pueda o deba existir respecto del recién designado Director de SERVEL, dada su orientación ideológica, su desempeño contingente y su pasado militar.

Cabe la consideración y la interrogante en cuanto a que si en el país no existen las o los profesionales, académicos y/o expertos con capacidades de alta calificación y especialización para optar a esas funciones del Estado y se tenga que recurrir a antiguos altos mandos militares.

Más allá de eso, esta nueva situación podría llamar, de nueva cuenta, a instalar el debate respecto al futuro de los ex jefes de las Fuerzas Armadas dado el carácter sensible, de confidencialidad estatal, de acceso a información, y relevante y estratégico de sus funciones.

Todo apunta a que lo conveniente es que saliendo de sus puestos, los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las FF.AA. y de la direcciones generales de las policías (Carabineros e Investigaciones), estén sujetos a un periodo prudente en el cual no puedan ocupar cargos públicos ni privados para salvaguardar intereses del Estado y no colocarlos en ventajas inadecuadas.

Al mismo tiempo, podría legislarse respecto a que los altos mandos militares estén impedidos también de ocupar cargos de índole política y pública civil, diplomática y de carácter político/electoral durante un periodo considerable, para evitar sospechas y dudas respecto a sus desempeños y decisiones.

Habida la consideración de que reciben una adecuada pensión y respaldo institucional en ámbitos de salud, etc.

Hay un hecho de la causa. Actualmente, todos quienes llegan a las jefaturas máximas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, provienen de generaciones formadas y mandatadas por los mandos castrenses de la dictadura e instruidos por las doctrinas establecidas en el periodo que esas instituciones adoptaron líneas ideológicas anticomunistas, contrainsurgentes, chovinistas y de control represivo interno. Están formateados en el encuadre de la Guerra Fría.

En razón de las funciones que cumplen y la información que manejan, de su tarea estratégica en el área de la Defensa, del rol cumplido como empleados del Estado (no de un gobierno), no se podría esgrimir que un ex jefe de la Armada, la FACH o el Ejército una vez retirado puede acceder a la vida civil como cualquier otro ciudadano. Es, si se quiere, uno de los sacrificios o responsabilidades de quienes eligen la carrera militar.

Es como si mañana -algo totalmente análogo- las comandancias en Jefe o altos cargos en las FF.AA. las asuman profesionales de la esfera civil ya retirados, o si el Consejo del SERVEL designa como su Director a un ex presidente de partido, a un ex Ministro de un gobierno determinado o a un ex parlamentario.

Hay que decir, por lo demás, que Juan Emilio Cheyre, según consta en investigaciones periodísticas e históricas, proviene de una institución que prohibió los partidos políticos, cerró el Congreso, esfumó el registro electoral y organizó un par de consultas electorales sin padrón electoral, sin oposición, sin una ley electoral, en lo que se consideró un fraude total.

En la consideración de mejorar la calidad de la democracia, parece no encajar que un antiguo jefe del Ejército esté a cargo del sistema electoral chileno.

Parece anómalo para la vida institucional de Chile y para el fluido desenvolvimiento de los procesos políticos y electorales.

Hay que prever, entonces, que esta sombra rondará cada vez que exista un conflicto, un problema, una duda, una polémica, una revisión, respecto a las funciones y tareas del Servicio Electoral.-

 

Largas palabras sobre Cuba.

Sonriente apareció Sebastián Piñera junto a Raúl Castro a la entrada de Espacio Riesco, donde se inauguró la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y El Caribe (CELAC) al norte de la capital chilena.

Pero no fueron sonrisas lo que primó en torno de la estada del Mandatario cubano en Chile. El gobierno de Piñera, la derecha, la Democracia Cristiana, senadores socialistas y editoriales y notas de medios conservadores tensionaron las cosas con acusaciones, acciones, emplazamientos y críticas al jefe de Estado.

Como voceros de todo aquello destacaron los presidentes de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Patricio Melero y de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, junto al diputado pinochetista Iván Moreira y los periódicos conservadores El Mercurio y La Tercera. Las acusaciones no tuvieron nada de nuevo: Cuba es una dictadura, los hermanos Castro son dictadores, en la isla se violan de los derechos humanos, allá se recibieron a autores del asesinato de Jaime Guzmán, se negó permiso de salida a una disidente.

Esa vocería repetitiva pareció no inquietar a las autoridades isleñas y menos a Raúl Castro.

Funcionarios cubanos de distinto rango y ámbitos están acostumbrados a lidiar con pesos pesados como Presidentes y altos personeros de gobiernos de Estados Unidos y Europa; generales y diplomáticos isleños fueron parte de la mesa tripartita en que se firmó la paz y se logró la soberanía de Angola y de paso se abrió la puerta al fin del apartheid en Sudáfrica (de donde nace la eterna gratitud de Nelson Mandela con los cubanos), en negociaciones en que participaron estadounidenses y sudafricanos; autoridades de Cuba fueron protagonistas (aunque silenciosos) de la generación de condiciones para el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia (que es de derecha) con las FARC/EP; ni hablar del papel que tuvieron que jugar los más altos dirigentes de la Revolución Cubana en medio de la “Crisis de los Misiles” de 1962, donde sus contrapartes eran hombres como John F. Kennedy y Robert MacNamara (Secretario de Defensa); oficiales cubanos han realizado encuentros con oficiales estadounidenses para discutir asuntos del combate al narcotráfico, situación en la línea fronteriza con la base de Guantánamo (ocupación de territorio cubano por parte de Estados Unidos) y cuestiones migratorias.

Es probable entonces que personajes locales como Melero o Walker no despierten mayor inquietud en los cubanos. A los personeros que les dan rango de interlocución, al menos les reciben las cartas.

Quien haya reporteado diversidad de encuentros internacionales o situaciones internas de Cuba, sabe que sus autoridades suelen actuar con paso lento, no les gustan las presiones, pero cuando deciden apurar el tranco y sacar la voz, hay noticia.

El hecho que marcó, esta vez, el diseño de la campaña (se puede hablar de eso cuando hubo compra de planas completas de páginas de periódicos -a menos que hayan sido donadas-, manifestación frente a la sede diplomática cubana, proyectos de acuerdo en el Congreso en contra de Cuba -en el Senado, con el respaldo de socialistas se logró, no así en la Cámara de Diputados-, y una serie de acciones mediáticas y políticas) estuvo centrado en la supuesta permanencia de chilenos en la isla, quienes habrían participado del asesinato de Jaime Guzmán.

No hay nada nuevo en esos planteamientos. Pero en la línea informativa y de al menos manejar elementos relacionados (lastima leer y escuchar periodistas que repiten una y otra vez los lugares comunes sobre la isla, sin siquiera matizar informativamente los datos), se aparecen consideraciones como el viaje que hizo el ex candidato presidencial de la UDI a Cuba, Joaquín Lavín, actual ministro de Piñera, y donde, después de reunirse con Fidel, expresó (publicado en El Mercurio, no en el Granma): “Estoy muy contento. Pienso que para mi se lograron todos los objetivos que era firmar el convenio del médico de familia para establecerlo en Santiago, plantearle directamente a Fidel Castro mis sentimientos respecto a lo que ocurrió con los frentistas y con la posibilidad de que quienes mataron a Jaime Guzmán paguen su condena en Chile”. Lavín planteó que “yo recibí información que para mi es importante, que no conocía antes de salir de Chile. Pero esa información debe mantenerse en el plano de la confidencialidad porque son cosas que tienen que verse entre gobierno y gobierno. Recibí la información correspondiente, y expresé mis sentimientos. En ese sentido estoy contento”.

El diputado Tubal Páez, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, le dijo a Claudio Salinas en entrevista para La Segunda, que “no es la primera vez que eso se plantea, se discute, y siempre ha tenido respuesta. Lo que pasa que ahora, en este contexto, evidentemente tiene otro fin”. Añadió, sobre el posible “amparo” a quienes habrían participado en el atentado a Guzmán: “Yo digo que no, no hay ningún amparo para estas personas y eso se ha discutido con las fuerzas políticas chilenas y se les ha dado esa respuesta”.

Hay que agregar que ya en funciones el primer gobierno civil posdictadura, las autoridades cubanas decidieron dar por finiquitadas las oficinas que partidos chilenos tenían en La Habana ya que no eran perseguidos por la tiranía y no estaban clandestinos. El Comité Chileno de Solidaridad se convirtió en un espacio cultural para cubanos y latinoamericanos.

Son elementos que, cuando menos, están sobre la mesa.

Parlamentarios de colectividades como el Partido por la Democracia, Partido Comunista y Movimiento de Amplio Social indicaron que la UDI “equivocó el camino”, ya que ese tipo de peticiones debe seguir la línea de Tribunales de Justicia, entidades policiales y conductos diplomáticos (Cancillería).

Las campañas mediáticas y políticas suelen quedarse sólo en eso. Las gestiones diplomáticas y judiciales no; al menos obligan al implicado a responder. Porque finalmente lo que se está exigiendo es saber si esa gente está en la isla y si es así, que se hagan los trámites para su retorno a Chile. La UDI optó por “el aprovechamiento político” como señalaron varios dirigentes, más que por el trámite eficaz.

Lo que pasa, y basta leer los textos y escuchar las declaraciones, es que a partir del Caso Guzmán, la UDI vio la oportunidad de desatar una oleada anticubana y pretender desacreditar al Presidente Raúl Castro que, por lo demás, recibiría de manos de Piñera la presidencia Pro Témpore de la CELAC.

Algo sí le resultó a ese partido: pautearle la agenda a Sebastián Piñera en cuanto a la CELAC y así poner en el centro mediático chileno (no extranjero, salvo el diario El Nuevo Herald) el tema cubano; como lo declararon antes y en varias oportunidades personeros oficialistas y de la oposición, “la UDI pautea al Presidente” y “es la que manda en el gobierno”. En esta oportunidad las cosas llegaron a tanto, que dos ministros piñeristas y militantes de la UDI (Pablo Longueira y Evelyn Matthei) tuvieron que salir al paso cuestionando esta acción que afectaba la imagen y la prioridad político/diplomática de su administración.

Es loable pensar que, en efecto, la derecha y particularmente la UDI, habrían protestado si organizaciones de izquierda y algunos ciudadanos chilenos, aprovechando la Cumbre de la CELAC, le hubieran exigido a Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, antecedentes precisos y veraces sobre las conversaciones que, siendo Ministro de Defensa de su país, sostuvo en Bogotá con  Sebastián Piñera, con el candidato presidencial de la derecha, Andrés Allamand, y el senador conservador Alberto Espina, que dieron lugar a un operativo extraterritorial de Inteligencia para acusar y pedir la extradición de ciudadanos chilenos por supuestas ligas con las FARC-EP; y si en esas conversaciones se acordaron planes comunes contrainsurgentes y policiales que afectaran a ciudadanos chilenos y comunidades mapuches.

Desde el punto de vista informativo/periodístico llamó la atención la fuerza con que se trató el caso de Cuba y las críticas al jefe de Estado de esa nación, y los silencios abismales sobre la situación de otros presidentes que viven o vivieron situaciones críticas y sensibles, representadas en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la OEA.

Pasaron colados casos de Mandatarios cuestionados en sus países por miles de ejecuciones y desapariciones, por fraudes electorales, por corrupción, por dudas sobre la muerte de ex esposas, asesinatos de periodistas y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Son los casos de México, Colombia, Honduras, Perú y Guatemala, por citar algunos.

Pasaron de largo también situaciones como las de Mariano Rajoy, el ultraconservador Presidente de España, cuyas políticas gubernamentales tienen a su país en una profunda crisis social y económica con niveles históricos de desempleo, y que promueve planes que generan despidos, baja de salarios y reducción de presupuesto social; con Rajoy, además, se abrió una asonada represiva no vista en España hace décadas y que fue denunciada por las centrales de trabajadores, organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales. En los medios conservadores no sólo no se dijo nada de eso, sino que se destacaron los consejos y alabanzas a la economía chilena de parte de Rajoy, como si hablara un gestor idóneo en la materia.

Por cierto, tampoco se resaltó que Ángela Merkel, la Mandataria alemana, es a quien en Europa acusan de exigir la aplicación de medidas “de austeridad” para sortear la crisis, provocando serios problemas sociales y laborales (España, Grecia, Francia, etc.) y convirtiéndose en impulsora de las políticas recesivas creadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Parece claro que en estas materias la simetría periodística y política no funcionó.

Es probable que tuviera razón, o algo, el presidente de la DC chilena cuando dijo que había “hipocresía y contrasentido” en la Cumbre de la CELAC. No sería sólo por Cuba. Y si se aplica esa vara, los casos de violaciones a los derechos humanos y de políticas antipopulares aplicadas en muchos países, son omitidos en encuentros regionales e internacionales como los de la OEA o Davos.

En declaraciones de personeros de la UDI y de la DC se habló de sentido ético, que son “los principios de la moral”. Patricio Melero planteó la “interpelación ética” a las autoridades cubanas. Sobre eso, el académico y articulista de El Mercurio, Carlos Peña, señaló que “una de las reglas más viejas de la ética enseña que ella debe ser universal y nunca depender de circunstancias particulares”.

Manejando esos conceptos, se podría aterrizar en la tesis de que si es factible que alguien que no asumió “los principios de la moral” pueda luego, o tenga “el derecho”, con irritación y enojo, de solicitar la aplicación de la ética cuando siente que sus particularidades fueron afectadas. ¿Puede, entonces, exigir comportamiento ético la UDI frente al asesinato de Jaime Guzmán cuando nunca hizo reproche moral, judicial o de otro tipo a la dictadura que provocó -de acuerdo a los informes oficiales- miles de ejecutados y desaparecidos políticos? ¿Puede la UDI solicitar comportamiento ético cuando en estos momentos hay una querella por instigación el Golpe de Estado en que aparecen involucrados personajes ligados a ella? ¿Ha sido de comportamiento moral no reconocer ni pedir perdón por las miles de muertes y desapariciones de ciudadanos de este país ocurridas durante un régimen que la UDI respaldó y reivindica hasta ahora, sin olvidar que varios de sus parlamentarios y dirigentes fueron funcionarios al servicio de esa dictadura?

Pareciera que, cuando menos, no es la UDI la encargada de hacer reproches éticos o morales a los cubanos.

En medio de todo se produjo un hecho positivo. Se volvió a revelar la línea editorial del diario La Tercera, para recordarlo cuando quieran convencer a sus lectores que son “objetivos” y no tienen una postura ideológica. Es bueno que los diarios definan sus posiciones ante sucesos importantes. Sería conveniente, por ejemplo, que como ocurre en otros países, entre ellos Estados Unidos, periódicos como La Tercera transparenten su postura respecto a qué candidato presidencial apoyan; ojalá lo hicieran con la misma energía que acusan a Cuba. De esa manera, el lector conocería a ciencia cierta la línea editorial del periódico y no estaría llamado a engaño en la evaluación que haga sobre los contenidos del medio.

En el editorial del 26 de enero, La Tercera indicó que Cuba es el “único miembro abiertamente dictatorial” en la CELAC, y que la presidencia Pro Témpore para esa nación “es una muestra de la falta de coherencia de los países que la integran” (una condena explícita a 33 administraciones de la Región). Añadió el escrito que “supone la incorporación sin cortapisas de Cuba en la comunidad latinoamericana y caribeña, concretando así un antiguo anhelo de la diplomacia de ese país. Una situación que aparece inaceptable”. No dudó el diario en acusar “la cooperación cubana con los asesinados” de Jaime Guzmán, dando por hecho ante los lectores que eso es así, más allá de lo que digan Tribunales de Justicia o autoridades diplomáticas.

En la línea de tratar en las debidas proporciones las cosas, informando adecuadamente a la gente, sin mentiras, independiente de la posición ideológica que se tenga, hay que precisar un dato: Cuba hace rato que concretó su inserción en la comunidad Latinoamericana y Caribeña, no ahora en la CELAC. No se trata, de partida, de un “antiguo anhelo”.

Hace varias décadas que la isla tiene un estrecho vínculo con la CARICOM (Comunidad del Caribe), con excelentes relaciones comerciales, culturales y diplomáticas con las naciones caribeñas. Desde la II cumbre CARICOM-Cuba (2005) se concretó una ayuda que llevó a que en escuelas y universidades de la isla se graduaran mil 305 jóvenes caribeños de nivel superior y técnico y más de dos mil estudiaron medicina. A Cuba se le pidió la asesoría para el uso del idioma español en la CARICOM. 56 mil habitantes del Caribe fueron operados en la isla y recuperaron la vista. Cuba es fundadora de las Cumbres Iberoamericanas. Participó activamente del Grupo de Río, desde donde se dio origen a la CELAC. Es integrante activo del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). El país caribeño es miembro del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de la Asociación de Estados del Caribe. A pesar de que lo pidieron varias naciones, Cuba no está en la OEA por decisión de Estados Unidos.

Nadie va a convencer a ex partidarios de la dictadura, a ex funcionarios de Augusto Pinochet, a sectores conservadores de la DC, a miembros y simpatizantes de la derecha, a grupos del Partido Socialista, entre otros, de que en Cuba no se violan los derechos humanos.

En la sociedad chilena hay debate sobre derechos civiles en la isla (que es otro asunto), en cuanto a temas como la prensa, las políticas migratorias y aplicación de leyes.

Es real que a algunas personas o sectores políticos no les gusta o no les agrada la aplicación o existencia de normas existentes en tal o cual país, entre ellos Cuba. Fidel Castro en entrevista con Ignacio Ramonet dijo que en la isla se reflexiona sobre el término de la pena de muerte. Él se refirió a declaraciones críticas de José Saramago y Eduardo Galeano. Es decir, no son asunto tabú.

En Cuba hay una Constitución (aprobada en 1976) y un Código Civil, documentos en que se establece el marco legal del régimen socialista. En la isla se debió contemplar el procesamiento y las sanciones penales a quienes actúan en contra del sistema recibiendo dinero extranjero, realizando actos violentos y terroristas y organizándose para derrocar al gobierno.

Es factible que no guste a algunos la existencia de algunas disposiciones y las penas que se aplican. Como en Cuba a muchos no les debe gustar que en Chile exista una Ley Antiterrorista, una Ley de Seguridad del Estado, juicios civiles y militares paralelos, “testigos sin rostro” y Ley de Amnistía que tiene sin procesamiento a uniformados que torturaron, asesinaros, hicieron desaparecer cuerpos, realizaron operativos propios de Terrorismo de Estado, etc.

El marco legal cubano tiene asidero en situaciones concretas. En lo que va de Revolución Cubana, tres mil 500 ciudadanos de ese país murieron en acciones perpetradas en contra del país por grupos armados anticomunistas y ultraderechistas. Hace unos años, un joven turista italiano murió por la colocación de una bomba en un hotel en La Habana. Un hecho de impacto en Cuba fue la bomba colocada en un avión de Cubana de Aviación, en 1976, que produjo la muerte de 76 pasajeros y tripulación, entre ellos el equipo nacional de Esgrima de ese país. Varios diplomáticos cubanos fueron asesinados en países como Portugal y Argentina producto de acciones de grupos terroristas anticubanos.

La entidad National Security Archive volvió a revelar que el gobierno de Estados Unidos, sobre todo a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) financia “actividad operacional” en el interior de Cuba contra el gobierno de ese país. Esa entidad dispuso de 20 millones de dólares para apoyar a la disidencia isleña. En enero de este año, se aprobaron 4.5 millones de dólares para planes contra Cuba en acciones programadas hasta el 2015, y que se concentra en lo que llaman “democracia digital”. El bloqueo de Estados Unidos le arrojó ya a la isla pérdidas por un billón 66 mil millones de dólares. Por disposición legal, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibición de viajar a Cuba, y por ello deben pedir un permiso al Departamento del Tesoro. Este dato lo esgrimieron partidarios de la Revolución Cubana cuando arreciaron las críticas porque las autoridades isleñas negaron un permiso de salida a la disidente Rosa María Payá, militante del Movimiento Cristiano Liberación.

El Mercurio publicó, días antes que Raúl Castro llegara a Cuba, una entrevista a un funcionario de Radio Martí, quien dijo, entre otras cosas, que las autoridades cubanas bloqueaban la señal. Lo que no se dijo es que esa emisora fue fundada por el ex presidente estadounidense Ronald Reagan, que es financiada por Estados Unidos para que transmita desde Miami, que es monitoreada por la Oficina para las Transmisiones a Cuba (entidad gubernamental estadounidense), que para transmitir ilegalmente en la isla se usaron un globo aerostato y un aparato C-130, en operaciones secretas.

Podría ser suficiente imaginar si un gobierno extranjero hiciera todo eso para desestabilizar a un gobierno chileno, para al menos explicar la situación a que se enfrentan las autoridades cubanas.

Por algo la inmensa mayoría de naciones miembros de Naciones Unidas y la propia CELAC condenan periódicamente el bloqueo a Cuba y muchas respaldan las acciones diplomáticas para terminar con los ataques a la nación caribeña.

En tanto, ningún organismo internacional de derechos humanos acredita en Cuba ejecuciones sumarias, desapariciones, asesinatos, detenciones ilegales, existencia de organismos represivos ilegales.

Cuba es integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por decisión de las naciones miembros ocupó un cargo directivo en el organismo. Hay que decir que Estados Unidos se opuso a la existencia de esa instancia. Cuba, a pesar de críticas de disidentes, ha trabajado con relatores de DDHH en relación a la isla.

Los anteriores son datos ausentes de los contenidos informativos y de debate en cuanto a la situación en la isla caribeña y que, cuando menos, deberían ser considerados como parte esencial de un contexto que, a lo menos, permita una discusión equilibrada.

En medio de la Cumbre de la CELAC hubo declaraciones de Alicia Bárcenas, directora de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe), dependiente de la ONU, que entregó una mirada sobre Cuba que sintetiza lo que analizan y piensan diversos sectores a nivel internacional y regional y que la derecha, la DC y los medios conservadores chilenos omiten permanentemente.

De inicio, la funcionaria declaró que “queremos que Cuba como presidencia pro témpore en 2013 y posiblemente inicios de 2014 sepa que cuenta con la CEPAL para todo lo que se requiera, de estudios, de trabajo, de respaldo en todo sentido, para darle toda nuestra experiencia a este proceso de integración”.

Añadió que “Cuba, nos va a permitir abordar los temas de la inversión social, de ver la importancia de la educación como el gran puente para combatir desigualdades intergeneracionales, y romper los círculos viciosos de pobreza”.

Alicia Bárcenas manifestó: “Creo que el resto de la región sabe poco de los logros de Cuba, y de los problemas y desafíos que enfrenta para hacer el cambio estructural de la productividad (…) de propiciar que los trabajadores del Estado vayan a áreas rentables, pero sin perder de vista que el horizonte sigue siendo la igualdad, y que eso no es negociable”.

Planteó que “debo citar una frase que me impactó mucho, del presidente Raúl Castro, cuando dijo que en Cuba no se estaba propiciando el igualitarismo, pero sí la igualdad. Y eso me encanta, porque se trata de propiciar el mérito, pero siempre con base en una ciudadanía que tiene derechos, que son irrenunciables, que hay un principio último, ético, y ese es el principio de la igualdad”.

Hablando de la diversidad de sistemas en América Latina y El Caribe, y las distintas realidades que se observan, la directora de la CEPAL sostuvo que “cada país tiene modelos diferentes y, por lo tanto, hay una gran diversidad de estrategias de desarrollo, pero yo creo que hay un intercambio muy positivo que se debe dar para alcanzar niveles de igualdad como existen en Cuba, en educación, en salud”.

La funcionaria resaltó que visitará Cuba para discutir los temas de desarrollo y consideró positivo que en ese país se celebren los 50 años de la creación del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica. Añadió que “creemos que la planificación está de vuelta, planificar es gobernar. El que no planifica no gobierna. Y, por lo tanto, no es solamente celebrar los 50 años de Planificación en Cuba, sino que recobremos la Planificación en América Latina y el Caribe”.

Bárcenas añadió que “a mí me interesa acompañar el proceso de cambio de Cuba, nos parece que la Cepal es un organismo que tiene la responsabilidad histórica de acompañar a Cuba en este proceso tan importante de cambio, y precisamente estamos ahí, al servicio de Cuba, para poder apoyar ese cambio estructural tan complicado y tan importante que el país está viviendo”.-

 

 

La visita de Raúl Castro.

De acuerdo al artículo publicado por Hernán Uribe en clarín.cl, este 26 de enero, será la segunda vez que Raúl Castro Ruz visite Chile. Hace medio Siglo lo hizo junto al Comandante Manuel Piñeiro, el mítico Jefe del Departamento América del Partido Comunista de Cuba (PCC); Castro y Piñeiro tuvieron de anfitrión al entonces senador Salvador Allende. Ahora Raúl Castro llega encabezando la delegación cubana a la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y El Caribe (CELAC) y su anfitrión será el derechista Sebastián Piñera, Presidente de Chile.

El Mandatario cubano será protagonista en Chile por tres razones: tomará de manos de Piñera la presidencia de la CELAC; recibirá, como suele ocurrir cuando visita el país un alto dirigente de la Revolución Cubana, muestras de solidaridad de diversos sectores sociales y políticos; los medios pondrán en la agenda los cuestionamientos de la derecha y sectores del Partido Socialista al gobierno cubano y al propio jefe de Estado.

En el balance del gobierno de Piñera no aparece alusión alguna a un papel relevante o pro/activo en la CELAC, salvo unas últimas gestiones y viajes del canciller Alfredo Moreno, en el marco de iniciativas promovidas por Venezuela y Cuba. La presidencia de Chile en la CELAC pasó “sin pena ni gloria”.

Por ello, las notas de periódicos como El Mercurio y La Tercera respecto a la Cumbre apuntan a datos anecdóticos y colaterales como las “medidas de seguridad” en torno de de la reunión a la que asistirán jefes de Estado de 33 países (si llegan  todos). Son prácticamente inexistentes las informaciones sobre el rol del gobierno chileno en los trabajados de este organismo en los últimos meses.

Es probable entonces que lo más relevante que haga Piñera y que resalten los medios, sea el momento en que el Presidente le entregue la presidencia de la CELAC al jefe de Estado cubano, convirtiéndolo más en un episodio mediático que político/diplomático.

En el otro lado, para Cuba es un hecho estratégico asumir la presidencia de la CELAC y seguramente le dará un re/impulso a la labor del organismo bajo la doctrina bolivariana y, de acuerdo a lo publicado en la prensa cubana, incidir en trabajos, acuerdos y desarrollo a partir de criterios de solidaridad, cooperación e integración.

La CELAC, sin la participación de Estados Unidos, es una instancia prioritaria para Cuba y, con seguridad, Raúl Castro llegará a Chile a ratificar aquello. Ya en algunos medios de comunicación se habla de que seguramente durante la Cumbre habrá una nueva condena al bloqueo de Estados Unidos a la isla. Es previsible que el Mandatario isleño dé impulso a la serie de acuerdos que se producen entre países del Continente, y que vayan en la línea de convenios y coordinaciones como las establecidas por Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Cuba, México, y otros.

Además, estando en Santiago, el Presidente de Cuba tendrá que ver las bases y contenidos de lo que serán los diálogos y eventuales acuerdos con las naciones de la Unión Europea, ya que él presidirá el organismos latinoamericano y caribeño. Raúl Castro y el equipo de la presidencia de la CELAC tendrán un rol determinante en los relacionamientos con la U.E.

En medio de todo esto, el gobierno chileno, apoyado por partidos de la derecha, metió en la agenda un tema local y partidario, de corte judicial, pero ya convertido en un hecho mediático/político contingente que podría, eventualmente, como lo señalaron legisladores del país y hasta personeros de la administración piñerista, ensuciar o distorsionar el contenido y desarrollo fluido de la Cumbre.

En efecto, legisladores y dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de Renovación Nacional (RN), la Democracia Cristiana, la Corporación 11 de Septiembre (que reúne a pinochetistas) y el Partido Socialista, iniciaron, de acuerdo a todo lo aparecido en la prensa escrita y electrónica, una ofensiva en contra de Cuba, personalizada en Raúl Castro.

Cinco son los ejes que marcaron las acciones político/mediáticas de esas organizaciones: instalar que en Cuba se violan los derechos humanos; que el gobierno isleño y particularmente Raúl Castro, permiten que chilenos acusados de asesinar a Jaime Guzmán, puedan residir o entrar y salir del país caribeño; que Cuba ampararía a “terroristas” y alentó “actos extremistas en Chile”; instalar como tema central de la CELAC las acusaciones contra Cuba y su Presidente; potenciar el caso de la disidente isleña Rosa María Payá.

Esos ejes quedaron claros -en un conteo informal- en más de medio centenar de notas, columnas de opinión, editoriales, reportajes y entrevistas que aparecieron fundamentalmente en los diarios conservadores, noticieros de radios y televisión, y portales Web.

En contraste, en los mismos medios revisados, no pasaron de 15 las notas sobre la Cumbre de la CELAC y prácticamente fue nula la cobertura de graves problemas de derechos humanos en otros países, cuyos Mandatarios llegarán también a Chile.

Porque desde el punto de vista informativo llama la nula preocupación de la derecha chilena u otros sectores, por la situación de miles de ejecutados y desaparecidos en naciones como México y Colombia, la serie de asesinatos y violaciones a los derechos humanos en países como Honduras y Paraguay, afectados por asonadas golpistas, y otros temas sensibles y dramáticos que ocurren en naciones que son parte de la CELAC. Claro que en fuentes diplomáticas se dijo que “no son esos los temas que hay que presentarles a los Presidentes durante la Cumbre”.

La opinión pública chilena no tiene idea de los planteamientos que llevará al encuentro regional el gobierno de Piñera, pero ya supo del compromiso de su administración de hacer todos los esfuerzos por “entregarle” a Raúl Castro una carta escrita por dirigentes y abogados de la UDI, donde habría antecedentes en cuanto a que en Cuba residen o transitan ciudadanos chilenos ligados al crimen de Jaime Guzmán.

Según notas de prensa, fuentes de la sección de Inteligencia de la PDI (Policía de Investigaciones), entregaron datos de un viaje a La Habana de familiares de una ex militante del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez) que estaría ligada al  “Caso Guzmán”, lo que la UDI sacó a relucir justo semanas antes de la llegada del Mandatario cubano a Santiago.

“Éste es un tema de suma importancia para Chile y, como gobierno, una vez que la UDI nos entregue los antecedentes y según su relevancia, plantearemos e tema ante las autoridades cubanas, ya sea al Presidente Raúl Castro o a su canciller” le dijo el Ministro de Relaciones Exteriores chileno al diario La Tercera. Luego, en punto de prensa, Alfredo Moreno, ya con el documento del partido de derecha en manos del gobierno, indicó que el propio Presidente Piñera o él mismo, le darían la misiva al jefe de Estado cubano. El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que se daba “plena acogida” a la acción de la UDI.

Quienes conocen la actitud de las autoridades cubanas (que lidian con altos personeros de la diplomacia estadounidense, por ejemplo) frente a acciones como las que planificó la UDI, saben que las respuestas son firmes y tajantes. Ya le pasó a un par de legisladores democristianos que pensaban que la Embajadora cubana los recibiría portando una carta cuestionadora de decisiones del gobierno isleño, y tuvieron que dejar la nota en un buzón sin siquiera poder cruzar la reja de la Embajada.

En estos días, entre periodistas y corresponsales extranjeros se comenta que Sebastián Piñera pueda pasar por un chascarro diplomático si pretende salirse del protocolo diplomático que le marca ser anfitrión de una Cumbre internacional para hacerse cargo de un trámite de un partido político local.

Además, se podrían volver a generar críticas en el sentido de que, una vez más, Piñera se compró la presión y la agenda de la UDI, llevando a la Cumbre de la CELAC el asunto del “Caso Guzmán”. Haciendo correr el riesgo al gobierno de pasar un mal momento diplomático y político, ensuciando la puesta en escena y distorsionando los contenidos de una reunión a donde vienen 33 jefes de Estado.Evento sobre el cual la derecha no ha expresado la más mínima preocupación, aun teniendo Chile la responsabilidad del logro de la Cumbre.

En sectores diplomáticos, entre funcionarios extranjeros que ya están en Chile organizando la CELAC, y legisladores, se instaló la duda de por qué, en todo caso, los antecedentes que tienen dirigentes y abogados de la UDI no se hacen llegar a las autoridades cubanas por las normales vías diplomáticas, policiales y judiciales y ver qué pasa con eso y, en cambio, se pone como tema central de la Cumbre, eje mediático y como eje de ataque al Mandatario cubano.

Junto a lo anterior, senadores de la UDI junto a colegas de RN y el PS, votaron a favor de un proyecto de acuerdo en la Cámara Alta reclamando porque autoridades isleñas negaron permiso de salida a la disidente Rosa María Payá y pidiendo a Piñera que interfiriera. Una iniciativa similar, que tenía que ver también con el emplazamiento a Raúl Castro, fue rechazada en la Cámara de Diputados.

El objetivo era que dicha disidente pudiera llegar a un seminario a una Universidad de la cual es rector el democristiano conservador Gutenberg Martínez, donde se trataría el tema de Cuba. Ese tipo de encuentros, con frecuencia, tienen el respaldo y financiamiento de la Fundación Konrad Adenauer, crítica de la Revolución Cubana. Esto se hizo en el marco de la visita de Raúl Castro a Chile.

Además, la Corporación 11 de Septiembre, grupo pinochetista integrado, entre otros, por ex oficiales de la dictadura, hizo un trámite judicial para que se cite a declarar a Raúl Castro por un caso de ingreso de armas a Chile para la resistencia.

Para cuando esté en Chile el Mandatario cubano, el secretario general de la UDI, José Antonio Kast, anunció que “como partido, como parlamentarios, tendremos que evaluar si tomamos alguna acción respecto de su visita”. El diputado de esa colectividad, Iván Moreira, indicó que pedirá “audiencia” con el Presidencia cubano, en otra acción mediática porque parece seguro que se le denegará; no se descarta que este legislador haga una protesta frente al lugar de alojamiento del Mandatario, citando a los medios, y quizá, según la tónica que hay, tenga mayor cobertura que la propia CELAC. Reportero de varios medios comentaron en estos días que la pauta es privilegiar todo lo conflictivo en torno de la visita de Raúl Castro, la carta de la UDI y Piñera frente al jefe de Estado cubano (además de lo que ocurra con Presidentes de países fronterizos y Mandatarios europeos).

En contraste, comenzó una campaña en Twitter de apoyo a Raúl Castro y a la Revolución Cubana, se anuncian manifestaciones de respaldo a Cuba y su gobierno frente a la Embajada y se realizarán actividades culturales y de solidaridad en varios espacios, incluida la Cumbre de los Pueblos.

No se sabe si está agendado que Raúl Castro concurra a esos eventos; hay versiones de que llegará justo para participar en la CELAC y partirá en cuanto termine el encuentro con la Unión Europea.

En todo este contexto, legisladores como Ricardo Lagos y Jorge Tarud del PPD, Guillermo Teillier del Partido Comunista y Alejandro Navarro del MAS, indicaron que el tema de antecedentes en el “Caso Guzmán” debe correr el trámite legal y diplomático correspondientes y no traerse como asunto de la Cumbre y de cuestionamiento a un jefe de Estado invitado al encuentro regional. Tarud manifestó que el plan de la derecha “solamente tiene un efecto mediático, porque ningún Tribunal puede llamar a declarar a un jefe de Estado. Aquí se trata de montar una situación”.

Todo indica, en efecto, que el gobierno de Sebastián Piñera y la UDI insistirán en ejes mediáticos y políticos de instalar situaciones que van a distorsionar contenidos de la Cumbre de la CELAC y que están destinadas a golpear a Raúl Castro. La incertidumbre radica en a tensión diplomática que esto puede generar y la reacción de los demás jefes de Estado de la CELAC.-

 

 

 

 

Tijeras en Derechos Humanos.

Personeros de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional, junto a diarios conservadores, dedicaron en las semanas de noviembre y diciembre declaraciones y amplias notas para referirse al tema de derechos humanos en Cuba. Ignacio Walker y Gutenberg Martínez, ubicados en el ala más conservadora de la DC, llamaron incluso al Partido Comunista “a pronunciarse” sobre ese tema en relación a la isla.

Uno de los conceptos vertidos por los dirigentes democratacristianos y de la derecha, fue el de la “universalidad de los derechos humanos”. A partir de ello, dijeron, la preocupación sobre el asunto no debe quedarse en las fronteras chilenas.

También plantearon que las ideas políticas o ideológicas no deberían entorpecer o acotar posicionamientos en esta materia.

Los medios de prensa conservadores, principalmente El Mercurio y La Tercera completaron más de una decena de notas sobre el asunto de la DC y los derechos humanos en Cuba, colocando énfasis en el caso de una negación de permiso de salida de la hija de Oswaldo Payá, muerto en un accidente de tránsito en un vehículo conducido en Cuba por un ciudadano español, militante del Partido Popular, con antecedentes negativos en su país respecto a multas por mala conducción, y quien en todo momento tuvo la asesoría y protección de la Embajada de España, país que nunca puso reparos por el juicio y que ahora que el referido está condenado, hace gestiones para que cumpla la condena en Madrid.

También los diarios conservadores plantearon la tesis de la universalidad y la preocupación que debe existir por la violación de los derechos humanos en cualquier sitio.

El tema instalado no sólo es interesante, sino de suma importancia por lo que está ocurriendo en América Latina, Europa, Asia y África. En efecto, debería existir una preocupación y posicionamiento por la defensa universal de los derechos humanos y ello, sobre todo si lo promueven, deberían materializarlo los personeros de la DC, RN y los diarios conservadores.

Dramas continentales.

En estos casos parece adecuado ceñirse a datos objetivos y hechos refrendados (lo que incluye a organismos internacionales con responsabilidad en asuntos de derechos humanos), para que no haya sospechas informativas.

Lo concreto es que hay hoy, en América Latina, serias situaciones en materia de derechos humanos que, la verdad, ameritarían pronunciamientos de los políticos chilenos y espacios en los medios, algo que no ocurre ni por casualidad. Hay que ver algunas situaciones.

En Honduras, desde el 2010, fueron asesinados 30 periodistas. Hay, oficialmente, 30 desaparecidos por razones políticas. La asonada golpista en ese país generó cien exiliados. A dirigentes campesinos y sociales se les aplican largas condenas de cárcel bajo la Ley Antiterrorista y Ley de Policía y Convivencia Ciudadana.

En México, de acuerdo a cifras oficiales, este 2012 se llegó a 66 mil muertos por la llamada “guera contra el narcotráfico”, entre los que se cuentan jóvenes victimados por fuerzas policiales y militares; se registró el asesinato de una alcaldesa, varios regidores y de dirigentes sociales y campesinos; 11 periodistas mexicanos fueron ejecutados, en un aumento del 30% de esa trágica cifra. En Chihuahua aparecieron torturadas y ejecutadas cuatro mujeres desaparecidas, en la continuidad de cientos de feminicidios en esa nación. Niños y mujeres tarahumaras fueron expulsados de sus tierras por narcos, ante la apatía de las autoridades y persiste la militarización en zonas de Juntas de Buen Gobierno zapatista en Chiapas. Durante las manifestaciones en protesta por la toma de posesión del nuevo presidente, en medio de serias denuncias de fraude, la policía agredió a cientos de jóvenes: por disparos de balas de goma uno perdió un ojo y otro sufrió daño cerebral con peligro de muerte; 14 estudiantes permanecen detenidos y arriesgan penas de 3 a 5 años, en medio de “proceso irregulares”.

El Parlamento Europeo confirmó que van asesinados en Colombia 3 mil miembros de la organización opositora Unión Patriótica; la Política de Seguridad Democrática dejó un par de miles de ejecutados que incluye los “falsos positivos” (supuestos miembros de la guerrilla) asesinados por militares; 40 parlamentarios fueron procesados por ligas con bandas paramilitares; la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia estima que más de 3.000 personas podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado; la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.622 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado; 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011, según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

En los meses de noviembre y diciembre, no hubo una sola referencia de personeros de la DC o RN a esos sucesos, y prácticamente no publicaron nada de aquello los diarios conservadores.

Tampoco hubo declaraciones sobre las denuncias de apaleos, agresiones, golpizas, represión, detenciones arbitrarias, en contra de ciudadanos españoles y griegos en las manifestaciones en contra de “las medidas de austeridad” decretadas por los gobiernos de esos países en severa crisis económica y social.

Chile está dentro del continente. Y por ir sólo a una situación reciente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un largo informe que no fue del todo bueno para el país y para el gobierno. El extenso documento confirmó violaciones y agresiones a estudiantes, ciudadanos, indígenas y periodistas. Se señaló que “denuncias de violencia policial se han repetido en diversos contextos en el país, afectando principalmente a grupos vulnerados, como mujeres, niños, niñas y adolescentes y pueblos indígenas”. Se plantearon situaciones como el “uso desproporcionado de escopetas antidisturbios”.

Junto a eso, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y ciudadanas siguieron protestando por la posibilidad de aplicación de la llamada Ley Hinzpeter, que lleva a apresar y condenar a quienes, manifestándose y estando en huelga, corten calles o realicen actos de protesta pública. También se cuestiona severamente que siga existiendo y se aplique la Ley Antiterrorista dejada por la dictadura.

En los últimos meses continuaron huelgas de hambre de presos indígenas por procesos viciados que incluyen la aplicación de “testigos sin rostro” y ser juzgados por tribunales civiles y militares.

Sobre esas situaciones no hubo pronunciamientos de los personeros de la DC y RN que hablaron continuamente de Cuba. Los medios conservadores prácticamente no dieron cobertura informativa a esos hechos ocurridos dentro del país.

Contradicción de conceptos.

Parece que lo que ocurre es que se suplanta el concepto de universalidad por el de parcialidad.

Se es parcial en materia de derechos humanos. Hay silencios y omisiones imperdonables para quienes dicen defender el precepto de universalidad. Incluidos casos de su propio país.

Se cortan con tijera los casos de graves violaciones a los derechos humanos y se dejan sobre la mesa y en las páginas de sus medios sólo las situaciones que políticamente interesa relevar.

Las cosas pueden llegar al límite de asimilar el lenguaje de los funcionarios de la tiranía cuando culpaban “al comunismo internacional” por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Hoy, personeros de la derecha y diarios como El Mercurio hablan de “la izquierdización” y de la “parcialidad” del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Una sensibilidad universal da como para preocuparse de situaciones que afectan  a miles de ciudadanos hondureños, mexicanos, colombianos. Por lo menos.

Ello no veta que quienes lo deseen, hablen de Cuba. Pero si sólo se remiten a esa nación, que expresen claramente el sentido parcial y político, y no universal y amplio.

En este marco hay otro factor no menor. Que los derechos humanos incluyen el derecho a la información. El que es violado o al menos no cumplido en el caso de los medios conservadores chilenos, tanto escritos como electrónicos.

Porque al revisar notas y despachos se constata la misma situación de las vocerías de la DC y RN: parcialidad, no universalidad.

En dos meses, casi 30 notas informativas en diarios, canales de televisión, noticiarios de radio y portales de la Web sobre situaciones en la isla cubana, además de varios editoriales y columnas de opinión. No más de cinco sobre hechos de derechos humanos en México. Nada de Honduras y de Colombia.

Desde el punto de vista periodístico ¿se puede explicar una veintena de notas sobre el no otorgamiento de un permiso de salida del país a una ciudadana cubana y no publicar absolutamente ninguna nota de ciudadanos hondureños, mexicanos y colombianos ejecutados, desaparecidos, encarcelados, heridos y exiliados? ¿Se está respetando el derecho a la información de chilenas y chilenos en materia de derechos humanos a nivel continental?

Se puede informar de la ciudadana isleña. Y se debe reportar sobre los asesinatos, desapariciones y condenas carcelarias de ciudadanos hondureños, mexicanos y colombianos.

En este marco los personeros de la DC, RN y medios conservadores instalan una falacia. Quien se remita a los hechos objetivos en Cuba, incluso respaldando la información con antecedentes de organismos internacionales y medios de prensa de otras naciones, es tachado de simpatizante o proclive al régimen cubano. Quien pida no hablar sólo de Cuba sino de las tragedias que ocurren en otras naciones, es tratado de parcial…Pareciera que ser “objetivo” es informar sólo recurriendo a un sector de vocerías; las disidentes. Se mete en la cabeza, por ejemplo, que los informes de autoridades cubanas son de por sí, falsos. Cosa que no ocurre con los gobiernos de Honduras, México o Colombia.

También es conveniente hacer el trazado respecto a derechos humanos y derechos civiles que, aunque concatenados, formal e institucionalmente están separados. Las críticas respecto a la debilidad o ausencia de derechos civiles no se deben meter en la materia de derechos humanos, en una mezcla antojadiza y no rigurosa de los formatos establecidos a nivel mundial.

En todo esto hay, por cierto, algo muy peligroso. El usar el tema de derechos humanos como herramienta instrumentalizada para campañas políticas. Porque se hace un daño inmenso a la ciudadanía y al conocimiento y práctica de un tema sensible y serio.

Que la opinión pública empieza a mirar el tema de derechos humanos con prismas de campañas políticas y parcializadas, baja el nivel de sensibilidad, credibilidad y cercanía con esa materia.

Eso se agrava cuando hay dirigentes políticos y medios de prensa que hablan mucho de otro país, y omiten situaciones prevalecientes en el propio.-